El informe del infierno

Lo prometido es deuda y hoy voy a hablar del informe de la ONU sobre Xinjiang que se ha publicado esta semana, y que ha dado mucho que hablar, por lo menos en Ginebra, Pekín, Washington y otros lugares en los que se cuece la alta política internacional.

Desde hace años, Occidente, sus ONG de derechos humanos y la comunidad uigur en el exilio exigían a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que elaborara un informe sobre el trato de China a uigures y otros pueblos musulmanes de la región de Xinjiang, especialmente desde que a mediados de la década pasada comenzara a denunciarse allí la existencia de centros de detención masiva, que desde Occidente fueron considerados una nueva versión de los campos de reeducación. China, que al principio negaba existencia de estos centros, acabó reconociendo que sí existían, pero los denominó centros vocacionales de formación.

Aunque Naciones Unidas elabora cientos de informes cada año, es raro que éstos los protagonicen países digamos, potentes en la organización, y menos uno de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, gran núcleo duro del organismo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido). Sin embargo, la presión a la organización durante los últimos años ha sido tal -coincidiendo con una mayor agresividad contra China en el EEUU de Trump y Biden- que finalmente la Oficina de Derechos Humanos accedió a elaborar el informe. Su máxima responsable hasta esta semana, la alta comisionada Michelle Bachelet, era la principal responsable de que saliera a la luz.

Ella y su oficina llevaban más de un año diciendo que estaban «ultimando» el informe, pero las presiones igualmente fuertes de China y otros países aliados porque no se publicara han llegado a ser tales que acabó siendo publicado el pasado miércoles a las 12 menos cuarto de la noche: es decir, un cuarto de hora antes de que oficialmente concluyera el mandato de Bachelet. Además, los chinos lograron que junto al informe y hasta en la misma web de la oficina que dirige Bachelet se adjuntara una declaración oficial de su diplomacia asegurando que el documento era una falacia. No es habitual que la ONU dé este espacio tan prominente a las críticas a sus informes, aunque siempre las haya.

Con esta publicación en circunstancias tan extrañas, China por una parte ha mostrado que tiene un poder de presión importante en los grandes foros multilaterales. Por contra, el informe, aunque no es que diga nada muy diferente de lo que medios, gobiernos occidentales y ONGs han denunciado en los últimos años, sí que le da a esas denuncias un carácter más creíble. Además habla de «posibles crímenes contra la humanidad» de las autoridades chinas contra las minorías en Xinjiang, algo que puede ser esgrimido a partir de ahora en todo tipo de fotos internacionales.

En cuanto al contenido del informe, que tiene medio centenar de páginas y está dividido en 156 artículos, destacaré que aunque habla de muchos otros posibles abusos de Pekín contra uigures y otros pueblos musulmanes (destrucción de mezquitas, separación de familias, etc), se centra en más de la mitad de su texto en el tema de los centros de detención/reeducación/formación, dando a entender que son el meollo de la controversia en torno a Xinjiang, una región que por otro lado tiene una importancia estratégica vital, situada como está entre China y Asia Central, no lejos de complejas potencias como son India o Rusia.

Para defender que en esos centros de detención se cometieron violaciones de derechos humanos, los autores del informe se han basado en otras investigaciones, imágenes de satélite y, quizá lo más interesante, en 40 entrevistas a afectados, entre ellos 26 que dicen haber estado detenidos en esos centros. De los 40 entrevistados, 23 eran uigures, 16 kazajos y uno kirguizo (todo etnias musulmanas de Asia Central y el noroeste de China).

Los entrevistados desafían los argumentos oficiales chinos, ésos que hablaban de centros «voluntarios» de formación, ya que según ellos fueron llevados a los centros forzosamente y sin posibilidad de salir: primero se les llevó a una comisaría, se les contó allí que iban a ser internados en un «centro vocacional» sin que se les ofreciera una alternativa, y una vez en él no se les dejó salir durante el periodo de internamiento, que duró entre dos y 18 meses. En esos centros los guardias de seguridad llevaban armas de fuego y porras, y en muchas ocasiones durante el encierro no pudieron contactar con su familia. Uno de los entrevistados contó que habían recibido visitas de delegaciones extranjeras (prensa, diplomáticos) pero que antes de su llegada se les había ordenado que dijeran que todo iba bien en el interior si eran preguntados.

Otra cuestión en la que el informe cuestiona abiertamente las versiones de las autoridades chinas es que estos centros sirvieran a la lucha contra el terrorismo y el extremismo, ya que algunos de los detenidos no habían cometido delitos relacionados con esas peligrosas tendencias, o aún más, no habían cometido delito ninguno. El informe menciona en concreto un documento oficial chino, la «lista Karakax», de dominio público y que cita como circunstancias suficientes para ser detenido en estos centros desde «tener muchos hijos» a haber nacido en un año determinado, llevar velo o tener en el móvil Whatsapp (aplicación bloqueada en China pero accesible mediante VPN).

Importante es indicar que el informe, pese a su larga extensión, no se atreve a dar una cifra siquiera aproximada de cuantos uigures y miembros de otras etnias estuvieron detenidos en estos centros (que según China ya no existen y fueron cerrados en 2019). Medios de comunicación occidentales y ONGs han llegado a hablar de más de un millón de personas (lo que supondría una de cada 25 personas en Xinjiang), pero la ONU no se atreve a dar cifras. Señala, eso sí, que se estima que en algunas poblaciones de esa región se calcula que pudo estar recluido entre el 10 y el 20 por ciento de la población local, algo que de ser cierto sería una barbaridad.

Los entrevistados también describen torturas y maltratos que prefiero no citar aquí porque no quiero entrar en detalles desagradables (si os interesa ahondar en el tema el documento completo lo tenéis aquí en PDF y muchos de esos abusos se describen en el epígrafe 70 y posteriores).

El informe supone un duro golpe a la imagen internacional de China, y el mismo país así lo ha entendido, por lo mucho que ha presionado para que no saliera a la luz. No es seguro, en todo caso, que vaya a tener consecuencias: mucho de lo denunciado ya había aparecido, como he contado antes, en la prensa y en informes de ONGs, así que esas acusaciones ya eran ampliamente utilizadas por gobiernos occidentales y críticos del régimen comunista. Muchos querrían que al informe le sigan misiones internacionales de investigación en Xinjiang, e incluso juicios en tribunales de derechos humanos tipo La Haya, pero es mejor que esperemos sentados a que ocurra todo eso, porque la cosa puede tardar.

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